Propiedad de la tierra y producción

El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto para limitar la propiedad extranjera de la tierra. Fundación Pensar publicó un documento sobre el tema centrado en los procesos. Ese documento hace un estudio de la legislación en otros países y demuestra que no hay información suficiente para legislar (el proyecto no tiene un sólo dato sino vagas referencias a estudios realizados). Pero lo más importante del documento de Pensar es lo que sostiene sobre la inconstitucionalidad del proyecto; la Constitución Nacional concede un amplio derecho a los extranjeros para adquirir propiedades en su artículo 20:

“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes...”

Aquí voy un poco más allá en cuanto al fondo del asunto. La pregunta que me guía es porqué querría pagar un extranjero más que un argentino por la tierra (si no fuera así no habría compraventa). O lo que es lo mismo: ¿por qué han comprado los argentinos tierra en Uruguay? Básicamente, el comprador cree que le puede sacar a la tierra más valor en el largo plazo. Se trata del ingreso de emprendedores con mejor know how, lo que permite el crecimiento de la agricultura y de la ganadería del país. El ingreso de productores más eficientes significa más productividad, más crecimiento económico, más ingresos fiscales y más ingreso de divisas. En otras palabras, que se compita por la propiedad de la tierra lleva, en última instancia, a una mayor producción de alimentos y la consecuente reducción de los precios.

Por supuesto hay otras cuestiones como, por ejemplo, la tasa de interés. Si el extranjero se fondea en su país a una tasa menor puede por ese mecanismo desplazar al local. Pero desde ya eso no explica el ingreso de argentinos en Uruguay; y, más importante, la solución entonces pasaría por subsidiar la tasa a locales y no por limitar la competencia. Lo mismo pasa con otros argumentos usados para justificar el proyecto (ambientales, de seguridad nacional, etc.); esos problemas se atacan por otros medios incluyendo la posibilidad de expropiar y sin olvidar una obviedad: como señalaba un editorial de La Nación, “Todos los recursos naturales que se encuentran dentro de las fronteras de nuestro país están, independientemente de la nacionalidad de su titular, bajo jurisdicción argentina.”

Igual, más allá de todo lo demás queda el obstáculo del artículo 20: me parece bastante claro que quien quiera limitar este derecho debería reformar la Constitución Nacional.