El bloqueo a los diarios Clarín y La Nación durante la madrugada del domingo es un hecho muy grave. Es grave porque se vulneró la ley; es grave porque significa una amenaza a la libertad de prensa, que es, a su vez, una garantía de otros derechos; y es grave, más allá de la coyuntura, porque es una muestra de la magnitud de nuestra debacle institucional. Pero lo peor es que este bloqueo es muestra de otro más profundo: es indicio de los obstáculos que enfrenta hoy el debate público en la Argentina.
En las versiones más favorables al gobierno, se lee que el bloqueo fue un reclamo gremial, una respuesta a la falta de cumplimiento de Clarín a una orden judicial. Suspendiendo el juicio sobre ello, suponiendo que es cierto, no se puede aceptar una violación a la ley como respuesta a otra violación a la ley. Aceptar esto sería lo mismo que decretar la desaparición misma de la ley; sería un regreso a un mundo sin ley, de lucha de todos contra todos. (De paso, digamos claramente que en un mundo así el que más sufre es el más débil.) Esta violación de la ley, ante la impasible mirada de la policía, es muy grave.
El hecho es más grave porque se trata del bloqueo a dos diarios. A quienes no somos periodistas ni dueños de medios, decir que éstos merecen un tratamiento especial puede resultar por momentos molesto. Sabemos que hay casos en los que, bajo el manto de la libertad de prensa, se han cometido errores e injusticias. Pero en este caso como en pocos más, es claro que siempre hay que errar por el lado de la libertad: porque la libertad de prensa es una garantía para la vigencia de otros derechos. Es por ello, sin dudas, que el artículo 161 del código penal le concede una protección especial: “Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.”
Lo más grave, sin embargo, es lo que el asunto nos dice sobre la calidad de nuestras instituciones. Han pasado casi 10 años desde la crisis de 2001-02, crisis que de alguna manera legitimó la acción directa en la calle como arma política. El bloqueo es inaceptable cuando se realiza contra un diario; el corte de ruta es inaceptable cuando lo realizan “los del campo”; y el piquete es inaceptable cuando se realiza aduciendo razones ambientales. Ante la emergencia económica, social y política que significó aquella crisis, se legitimó la acción directa y nos fuimos acostumbrando, como a otras cosas. Esto es muy grave, lo que hace tanto más grave que el Ministro del Interior relativice el bloqueo de ayer. El gobierno debió condenar el bloqueo; la policía debió desalojar a los que violaban la ley; y la Argentina, tras casi una década de bonanza económica, debería haber avanzado un poco más en su reconstrucción institucional. Eso es lo que nos prometió la actual presidente en 2007, y en su lugar nos dio la apropiación de reservas del BCRA, la destrucción del Indec y la ONCCA, entre otras cosas.
En al menos un sentido, lejos de avanzar en la reconstrucción institucional, el kirchnerismo fue en dirección opuesta: en el campo de los medios de comunicación. En 1992, cuando el genial Tato Bores sufrió censura previa, casi todo el mundo del espectáculo se reunió en su apoyo dando un rotundo “no” al cercenamiento de la libertad de expresión. Me emocioné hoy al ver, en el video, a Horacio Fontova, a Víctor Hugo Morales y a Alejandro Dolina al lado de César Mascetti, Bernardo Neustadt y Mariano Grondona (entre muchos, muchos más). La intervención militante del kirchnerismo en el campo de los medios ha hecho que esto sea hoy impensable; y por eso el bloqueo de los diarios ocupa un lugar pequeño en la tapa de Página/12 y no aparece siquiera en la de Tiempo Argentino. Por eso, detrás del bloqueo a dos diarios, está el bloqueo, la traba, que el kirchnerismo ha impuesto a la deliberación en la Argentina. Y eso es muy grave.